Prefecto regional de PDI se refiere a informe de Contraloría que investigó adquisición de mobiliario para vivienda fiscal

El día 5 de mayo de 2016 ingresó a la Contraloría Regional de Aysén, una denuncia anónima en la cual se solicitaba a este organismo fiscalizar la asignación de recursos por parte del departamento de finanzas de la Policía de Investigaciones, para que el prefecto inspector Alfredo Espinoza, que había sido destinado 7 meses antes a Coyhaique, pudiese adquirir mobiliario para la vivienda fiscal que ha sido ocupada históricamente en la región por el jefe máximo de la repartición en el territorio local.

El documento, ingresado bajo la numeración 111610/16, dio pie a que el organismo contralor comenzara a indagar la denuncia, emitiendo el pasado 3 de enero, el informe final de la investigación especial N°740, que se enfocó en 3 puntos: Conocer si resultaba procedente la adquisición de bienes muebles y enseres para ser asignados a inmuebles fiscales destinados a funcionarios; si se dio cumplimiento a los procedimientos administrativos sobre la materia; y si los pagos realizados por asignación de vivienda fiscal, así como los incurridos por concepto de traslado –de los enseres del jefe regional desde la ciudad de Concepción, lugar donde su familia reside,  hacia Coyhaique- se ajustaron a la normativa.

Resultados

Tras 8 meses de investigación, la Contraloría logró establecer que hubo gastos improcedentes para la adquisición de bienes para la vivienda fiscal que utiliza el prefecto Alfredo Espinoza por un total de $8.351.356; y el pago en exceso por traslado de muebles y enseres por un monto de $3.635.286, errores que según detalla el informe de Contraloría, son principalmente de carácter administrativo, razón por la que el organismo investigador entregó un plazo de 60 días a la PDI para readecuar sus procedimientos, sin ordenar investigación administrativa ni sanción de ninguna índole.

“La Contraloría señala que la decisión que tomó la Policía de Investigaciones, de adquirir muebles para el departamento que ocupa el jefe regional, no está acorde a la normativa. Los inmuebles fueron comprados por el nivel central, no son recursos que estaban en la región y si hay errores del tipo administrativo, que es la conclusión que ofrece la Contraloría, la policía será la primera en adecuar sus procesos en esta área”, detalló Alfredo Espinoza.

“Son muebles fiscales, que están en una casa fiscal, comprados con recursos fiscales, que están debidamente inventariados y es por eso que la Contraloría no hace observaciones sobre este tema”, con respecto a los montos de gastos por traslado, beneficio que tienen todos los funcionarios de la PDI del país cuando son destinados de un lugar a otro, Espinoza agrega que “la interpretación que Contraloría hace, es que no me correspondía el traslado de enseres desde mi domicilio particular hasta Coyhaique, sí podía desde Santiago a Coyhaique, pero no desde el lugar donde yo vivo con mi familia”, agrega el prefecto.

El informe, que comenzó como una investigación en la región y que posteriormente se derivó al nivel central de la institución, por corresponder a procesos administrativos realizados en Santiago, detalla que “la PDI entregó bienes en calidad de préstamo a la aludida autoridad, no obstante que las normas sobre la materia, no se establece dicho beneficio, por lo que la repartición policial deberá abstenerse en los sucesivo, de conceder franquicias no contempladas en la normativa”, explica el documento.

“Queda claro y quiero ser enfático,  no hay enriquecimiento ilícito, no hay ningún tipo de conducta tipificada como delito, no hay mala fe, ni dolo. Lo que sí existe y la Contraloría así lo concluye, es que hay observaciones a procedimientos internos que no se están cumpliendo de acuerdo a las normas y lo que haremos es adecuarnos a lo que nos dice la Contraloría”, explica el prefecto.

Vivienda fiscal

Otra de las situaciones mencionadas en el informe, corresponde a la asignación de la vivienda fiscal, la que Alfredo Espinoza recibió mediante una resolución, que lleva su firma, a través del cual se traspasa la vivienda. Si bien dicho departamento emplazado en la ciudad de Coyhaique ha sido siempre utilizado por el prefecto regional de turno, la Contraloría determinó que no era procedente que el documento llevase la firma del mismo beneficiado, sino que debía ser otorgado por el departamento de bienestar de la PDI.

A lo anterior se agrega que desde su llegada a la región y hasta aproximadamente junio de 2016, la Policía de Investigaciones no descontó de las liquidaciones de sueldo del jefe regional, los dineros por asignación de vivienda fiscal y arriendo, montos que señaló Alfredo Espinoza, restituyó inmediatamente al darse cuenta del error, antes de que finalizara la investigación de Contraloría y que superan el millón de pesos.

“Hay una asignación de casa fiscal que se me estaba cancelando, que debería haber cesado cuando se me entrega el departamento fiscal y que por un error administrativo no sucedió. Cuando me percato hago las correcciones y reintegro los recursos”, puntualizó.

Espinoza, detalló que todas las observaciones están en proceso de corrección, haciendo caso a las instrucciones recibidas por Contraloría, finalizando de manera enfática que “no hay corrupción, al contrario, consecuente con uno de nuestros valores hemos sido transparentes, entregando toda la información que solicitió la Contraloría. Y este es el motivo de esta entrevista, no tenemos nada que esconder y creo que es responsable darle tranquilidad a la gente, sería lamentable que no confíen en su policía”, finalizó.

*Revisa en este link el informe emitido por Contraloría: Of 000160_2017

 

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